Se creó en Ituzaingó la Comisión de Evaluación Urbanística

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El Concejo Deliberante de Ituzaingó puso en funcionamiento la semana pasada una comisión urbanística para la “revisión dinámica” de proyectos de desarrollo e inversión en el distrito, que contará con la participación de integrantes del cuerpo legislativo local, de entidades intermedias y representantes de universidades y de colegios profesionales.

El flamante decreto, promovido por el presidente del deliberativo local, Juan Manuel Álvarez Luna, se sustenta en la verificación de que “en los últimos años hay un proceso sostenido de transformación urbana, con nuevas demandas habitacionales, comerciales y de servicios que, en muchos casos, no encuentran adecuada respuesta en el marco normativo vigente”.

“Nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad por qué es necesario que Ituzaingó se siga desarrollando”, fundamentó el concejal en el programa Primer Plano.

“Esos proyectos generan trabajo para nuestros vecinos, porque en Ituzaingó tenemos una ordenanza que establece que el 80 por ciento de la mano de obra que contraten las empresas que se radiquen debe tener domicilio en el distrito. Además, generan recaudación para el Municipio. Y la idea de esta comisión es debatir con la sociedad las iniciativas que están viniendo al Concejo”, confirmó el presidente del legislativo al conductor del ciclo Adrián Noriega.

Cabe destacar que la comisión también podrá tratar uno de los temas que más urticarias genera en la población en general, sobre todo aquella dedicada al cuidado ambiental: las vías de excepción. Para ello habrá disponible un Registro de Participación del Evaluación Urbanística, para que toda persona que tenga algo para decir sobre un desarrollo en particular pueda hacerlo en el marco de la comisión.

Sobre el tema, y con un ejemplo a los que apeló Álvarez Luna es el de una fábrica de barritas de cereales, que “quedó radicada en una zona no industrial del partido y que ahora necesita ampliar su planta porque se le abrió la posibilidad de exportar su producción. Es una empresa que cuenta con 60 trabajadores en su estructura”.

“La zona en donde está no le permite ampliarse, por lo cual la única posibilidad es votar una excepción a la normativa vigente. Nosotros en Ituzaingó tenemos una zona industrial y semiindustrial que es muy chica, y ha quedado alguna empresa en esos cascos urbanos, que venían del viejo Morón. ¿Qué le tenemos que decir entonces? ¿Que cierre la empresa? ¿Que se vaya de Ituzaingó?”, se preguntó Álvarez Luna.

A su vez, en las últimas horas la provincia de Buenos Aires convalidó el Código de Ordenamiento Urbano votado por el HCD de Ituzaingó en 2016 (gobernación de María Eugenia Vidal). No es un dato menor: son sólo seis los municipios bonaerenses que cuentan con esa normativa certificada por el Gobierno provincial, pero fue elaborado y sancionado hace una década. En el medio hubo un vertiginoso cambio de todo tipo.

La búsqueda del oficialismo apunta a que las solicitudes de permisos para la realización de inversiones en el distrito cuenten, para su aprobación o rechazo, con “criterios técnicos, objetivos y consensuados” para “fortalecer la seguridad jurídica tanto para los vecinos como para los actores del desarrollo urbano”, señaló Álvarez Luna, y agregó que “para eso es necesario un análisis interdisciplinario que contemple el beneficio público, la factibilidad técnica, sus consecuencias en el plano social, laboral, económico, fiscal y la infraestructura de servicios”.

Recordemos que Ituzaingó se convirtió en un polo de atracción para la inversión privada: en la última década llegaron al distrito más de 2500 millones de dólares en construcciones, traducidas en 130 edificios en altura.